Seguridad jurídica y confianza legítima…

¿Tienen Vds. la sensación de que la seguridad jurídica es un
concepto relativo? ¿Qué ha sido de la confianza legítima en un
entorno jurídico y político profundamente inestable?

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10 de febrero de 2022

Esta reflexión que tienen delante aspira a que nos hagamos conscientes de la importancia que estos dos principios tienen en lo individualmente cotidiano. Nadie está exento de sufrir las graves consecuencias de la supresión de la seguridad jurídica y de la confianza legítima. Resulta una obviedad perseguir su protección, porque el debilitamiento de estos dos principios presupone una depauperación de la calidad de una Democracia y, con ello, el atrapamiento del administrado.

La seguridad jurídica es “suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad, pero que, si se agotara en la adición de estos principios, no hubiera precisado de ser formulada expresamente. La seguridad jurídica es la suma de estos principios, equilibrada de tal suerte que permita promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad, en libertad”. Así lo define nuestro Tribunal Constitucional en Sentencia 27/1981, de 20 de julio.

Por su lado, la Sentencia del Tribunal Constitucional 46/1990, de 15 de marzo, se refiere a este principio en los siguientes términos: “la exigencia del artículo 9.3 relativa al principio de seguridad jurídica implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse, y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas (…). Hay que promover y buscar la certeza respecto a qué es Derecho y no … provocar juegos y relaciones entre normas como consecuencia de las cuales se introducen perplejidades difícilmente salvables respecto a la previsibilidad de cuál sea el Derecho aplicable, cuáles las consecuencias derivadas de las normas vigentes, incluso cuáles sean éstas”.

Por su lado, la confianza legítima es un principio derivado del de seguridad jurídica y debiera garantizar que la Administración pública no pueda defraudar las expectativas que han creado sus normas y decisiones sustituyéndolas sorpresivamente por otras de signo distinto. Digamos que es un límite de la actuación de la Administración Pública y al ejercicio de sus potestades.
Esto en absoluto quiere decir que las normas deban ser pétreas, pero sí se debe garantizar que los cambios de criterio deban ser motivados y basados en razones objetivas. Ahora bien, en virtud de esa confianza legítima de los administrados frente a la Administración, si los cambios produjeran lesiones a los intereses de los primeros, pudiera darse lugar, al menos, a un derecho a la indemnización.

Así lo recoge nuestro Tribunal Supremo: “En el conflicto que se suscita entre la legalidad de la actuación administrativa y la seguridad jurídica derivada de la misma, tiene primacía esta última por aplicación de un principio que, aunque no extraño a los que informan nuestro ordenamiento jurídico, ya ha sido recogido explícitamente por esta Sala…: el principio de protección de la confianza legítima, que ha de ser aplicado no tan solo cuando se produzca cualquier tipo de convicción psicológica en el particular beneficiado, sino más bien cuando se basa en signos externos producidos por la
Administración lo suficientemente concluyentes para que le induzca razonablemente a confiar en la legalidad de la actuación administrativa, unido a que, dada la ponderación de los intereses en juego —interés individual e interés general— la revocación o la dejación sin efecto del acto, hace crecer en el patrimonio del beneficiario que confió razonablemente en dicha situación administrativa, unos perjuicios que no tiene por qué soportar” (STS de 19 de enero de 1990, consolidada en las SSTS de 27 de enero y 1 de febrero de 1990).

La seguridad jurídica y la confianza legítima, además, no son conceptos “aspiracionales”. Son verdaderos principios del Ordenamiento Jurídico español y comunitario. Solo hay que abordar la Constitución y detenerse en la lectura de los artículos 9, apartado 3º, y 103; por la Ley 4/1999 de reforma de la Ley 30/1992, de Régimen de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su artículo 3.1.2), superada ya por la actual Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o, actualmente, en el artículo 1, apartado 3º, letra e), de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Pero el origen de la confianza legítima se encuentra en el Derecho Administrativo alemán (Sentencia de 14 de mayo de 1956 del Tribunal Contencioso-Administrativo de Berlín), y, desde las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 22 de marzo de 1961 y 13 de julio de 1965 (asunto Lemmerz-Werk), constituye un principio general del Derecho Comunitario, que finalmente se implementó por nuestro Tribunal Supremo, como ya hemos indicado desde 1990 y también en nuestra legislación.

Aunque resulte una afirmación sin valor científico, si se hiciese una encuesta de percepción de la calidad de nuestra democracia, basado en la confianza que los administrados tienen respecto de las Administraciones Públicas, con todos los vaivenes sufridos, especialmente en estos últimos tres años, y una hiperregulación insoportable y muchas veces contradictoria, temo que la nota no alcanzaría ni de lejos el aprobado.

Como muchos autores han venido recogiendo de diferentes modos, la libertad es una garantía para el individuo y para la sociedad en su conjunto y ésta no está garantizada en modo alguno debido a la tentación de los poderes públicos de interferir y dominar.

Solo por esa razón es imprescindible que nos mantengamos alerta y defendamos con serenidad, pero con determinación, la pervivencia sagrada de los principios que protegen al individuo frente a las tentaciones caprichosas de los poderes públicos.

Iñigo Gómez Bilbao

“La libertad nunca es dada voluntariamente por el opresor, debe ser demandada por el
oprimido”. Martin Luther King, Jr. (1929-1968).
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